Publicada el Jueves, 18 de Abril de 2024

Se insta al Gobierno de Navarra a defender las competencias históricas de la Comunidad Foral en materia de Administración Local

La Cámara llama a ejercitar el autogobierno para fijar una senda propia de déficit, diferente de la del Estado, aprovechando la buena situación financiera de las Entidades Locales

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin y los votos en contra de PPN y Vox, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “defender nuestras competencias históricas, en materia de Administración Local, para que las entidades locales de Navarra no se vean perjudicadas y puedan disponer de sus recursos para desarrollar las políticas públicas de su ámbito competencial”.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Geroa Bai invoca las competencias históricas de Navarra en materia de Administración Local, al objeto de reivindicar un margen de maniobra añadido al otorgado por el objetivo de déficit decretado para el ejercicio en curso y los dos siguientes, de modo que las entidades locales, que según el último informe de Comptos presentan una “situación global saneada”, puedan mantener el “esfuerzo inversor en políticas sociales”.

 

A ese respecto, se objeta, por “desigual”, el reparto de los límites al débito que rigen tras el rechazo del Senado a la senda de déficit propuesta por el Gobierno de España (se mantienen los objetivos que para 2023 avaló la Comisión Europea) y se insiste en que la asunción de las exigencias contenidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE (reducir 7 puntos de déficit en cuatro años) se hace a costa de las entidades locales, obligadas a un superávit del 0,2%, y de las CCAA, abocadas al equilibrio presupuestario.

 

En ese contexto, el proponente insiste en que la buena evolución de la situación financiera de las entidades locales navarras, que en 2021 registraron “113 millones de ahorro neto, con un remanente de tesorería global de 335 millones”, refuerza la tesis de una senda de déficit propia, diferente de la del Estado, en este caso al amparo del autogobierno.

 

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la recuperación de los parámetros de 2023 supone para los ayuntamientos una pérdida de 2.924 millones de capacidad fiscal para invertir en políticas públicas (pasan del 0% al +2%). En el caso de las CCAA, la eliminación de ese margen (-0,1%) se cifra en 1.456 millones.

 

El objetivo de déficit para el conjunto de Administraciones Públicas del Estado en 2024 se mantiene en el 3 % del PIB.