Publicada el Jueves, 21 de Marzo de 2024

Se insta a las instituciones y en especial a las entidades locales de Navarra a exigir que se fijen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública

La Cámara advierte de los efectos económicas que sobre los ayuntamientos tiene el rechazo del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN y Vox, una resolución por la que se insta “al conjunto de las instituciones y, en especial, al conjunto de entidades locales de Navarra, a manifestar la necesidad de aprobar el acuerdo por el que se fijaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2024-2026”.

 

La solicitud, según se precisa, alcanza al “límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2024, así como al acuerdo por el que se remitía a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, el Parlamento de Navarra “manifiesta su disconformidad con la no aprobación de dicho acuerdo, donde el interés general claramente ha sido conculcado al no permitir dotar de más recursos para ejercer políticas públicas en las entidades locales en beneficio de nuestros vecinos y vecinas”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Ejecutivo Foral a “remitir el presente acuerdo al Senado de España”.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN pone en cuestión la posición política de UPN, PPN y Vox, cuyos votos en contra en el Pleno del Senado del pasado día 6 contribuyeron al rechazo de la propuesta relativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dado que su vigencia, tras la ratificación previa del Congreso, requería el visto bueno de la Cámara Alta.

 

En ese sentido, se ponen de manifiesto las consecuencias que esta decisión entraña para los Ayuntamientos y entidades locales de la Comunidad Foral, pues no podrán ajustar sus presupuestos a la exigencia del 0,2% de superávit, con lo cual “dispondrán de menos recursos” para la aplicación y el desarrollo de políticas públicas en el ámbito de sus competencias.