Publicada el Jueves, 20 de Septiembre de 2018

Rechazada una moción para instar al Gobierno de Navarra a reelaborar la Ley de víctimas de motivación política, respetando los criterios del TC

Se esgrimía que el objetivo "no debe ser justificar o equiparar a unas víctimas con otras", sino ofrecer atención a un colectivo "no reconocido", contribuyendo así a la convivencia

El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, y PPN, la abstención de I-E y el voto a favor de PSN, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “elaborar un proyecto de ley, respetando los criterios señalados por el Tribunal Constitucional en la sentencia que declara nula la Ley Foral 16/2015, dirigida al reconocimiento y reparación de víctimas que hayan visto vulnerados sus derechos humanos por actos de motivación política”.

 

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se exhortaba al Ejecutivo Foral a “elaborar esa ley bajo los principios de no justificar ni equiparar unas violencias con otras, dirigiéndola a fortalecer los principios éticos y democráticos de nuestra sociedad y, sobre todo, a fomentar la convivencia, sin generar frentismos”.

 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E han presentado una enmienda de sustitución, no aceptada por PSN, titular de la iniciativa, tendente a reiterar el “rotundo rechazo y la discrepancia del Parlamento de Navarra con los argumentos expuestos en la sentencia de anulación, por el desamparo en el que sumen a las víctimas de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, al dictaminar que el derecho a la verdad de estas víctimas sólo puede estar sujeto a la circunscripción penal”.

 

La enmienda desechada ponía de relieve, además, la disposición del Legislativo Foral a “trabajar y llegar a los acuerdos más amplios posibles en la elaboración de una proposición de Ley integral, que contemple el derecho a la verdad y al reconocimiento y reparación de estas víctimas, en un proceso abierto a la participación de los afectados”. En ese terreno, se emplazaba al Gobierno de Navarra a “defender los derechos que les asisten y a analizar todas las vías jurídicamente posibles para hacerlos efectivos”.

 

En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P PSN esgrimía argumentos de motivación ética para “completar el vacío legal” dejado por la anulación de gran parte de la Ley Foral 16/2015 de Reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, una norma que, “dentro del riguroso respeto a la legalidad”, es preciso centrar en la “normalización de la convivencia y la instauración de una memoria crítica e inclusiva”, de modo que no se deje al margen a ningún damnificado, tampoco a los paganos de “actuaciones erróneas que un Estado democrático debe de reconocer como manifestación de su engrandecimiento”.

 

A ese respecto, se apuntaba que el objetivo final “no es justificar o equiparar a unas víctimas con otras”, sino ofrecer atención a un colectivo que “a día de hoy no ha sido reconocido ni reparado” y al que, “huyendo de réditos políticos”, es imprescindible dotar de un instrumento normativo que refleje el “compromiso ético y democrático con el Estado de Derecho y los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan”.

 

Todo ello, según se subrayaba, “reconociendo a cada víctima en su causa de victimización” y haciendo lo posible por cimentar una “auténtica convivencia” que, sobre bases restaurativas, “garantice la no repetición de ese pasado reciente”.