Publicada el Jeudi, 14 de janvier de 2016

Convalidado el Decreto de Ley de medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas

Se mantienen la jubilación obligatoria a los 65 años, la supresión de dietas y las coerciones para altos cargos y se actualizan las pensiones un 0,25%

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy el Decreto-Ley Foral 1/2015, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan en 2016 las medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra previstas en la Ley 25/2012, de 26 de diciembre, a excepción de la relativa al establecimiento de límites en las tarifas Uso especial de asistencia sanitaria (óptica y odontología, cuyo límite era de 200 euros por beneficiario y año natural), modalidad suprimida tras la integración de los Montepíos en el Sistema Nacional de Salud.

El texto, aprobado con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PPN e I-E y la abstención de PSN, incluye, además, la actualización en un 0,25% de las pensiones de las clases pasivas de los Montepíos.

La valoración económica del ahorro máximo que las medidas contenidas en este Decreto Ley suponen para la Administración Foral se estima en 1.614.329,97 euros anuales. De ellos, 1.018.833,10 euros corresponden a la suspensión de la prolongación de la permanencia en el servicio activo; 500.000 a la supresión de las dietas por razón del servicio; y 95.496,87 a las constricciones impuestas a los miembros del Gobierno y resto de altos cargos.

La Ley Foral 13/2012, aprobada el 14 de junio de 2012 y prorrogada el 21 de diciembre de ese mismo año a través de la Ley Foral 25/2012, tenía por objeto complementar las medidas tributarias introducidas por ley, a fin de reforzar la capacidad recaudatoria de la Hacienda foral con nuevos mandatos, de tipo organizativo, enfocados a “reducir gastos” a partir de la “modificación de las condiciones de empleo” del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Dado que su adopción se fundamentaba en la “situación económico-presupuestaria”, la vigencia de la mayoría de las medidas se limitaban a 2012, si bien quedaba supeditada a un análisis posterior la posibilidad de establecer una prórroga para ejercicios sucesivos, tal y como, de forma parcial, se acordó en 2013 y 2014.


La prorroga de las medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra aprobada para el año 2016 se mantiene en los siguientes términos:

1. Supresión de las dietas establecidas como indemnización por la realización de viajes motivados por razones de servicio. Solo se reintegrará el importe de los gastos justificados.

2. Medidas relativas a altos cargos: reducción del complemento personal para ex-altos cargos que son funcionarios, hasta el 10% del sueldo inicial del nivel correspondiente; cancelación de seguros de vida y accidentes; exclusión del servicio de asistencia sanitaria uso especial reservado a funcionarios; y supresión de la cotización a la seguridad social, que pasará a ser descontada de la nómina.

3. Jubilación obligatoria, durante el año 2016 no se aplicará la previsión relativa a la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, con independencia del sistema de previsión social al que se encuentra acogido, una vez cumplida la edad de jubilación forzosa estipulada por la Seguridad Social en cada momento.

Se exceptúa de lo previsto en el apartado anterior al personal que, a fecha de su jubilación forzosa, no hubiera completado el período de carencia establecido en su sistema de previsión social para generar derecho a una pensión, así como al personal que no haya alcanzado los años de cotización para percibir la pensión íntegra. En ambos casos podrán prolongar su permanencia en el servicio activo hasta completar los períodos necesarios para tales fines, en todo caso, hasta los 70 años de edad.

El personal docente podrá prolongar su permanencia en el servicio activo hasta la finalización del curso escolar en el que cumpla la edad de jubilación forzosa.

El personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Ley Foral, permanezca en servicio activo con la edad de jubilación forzosa ya cumplida, dispondrá de un plazo de tres meses para poner fin a dicha situación y solicitar su jubilación. En el supuesto de que transcurra el referido plazo sin haberla solicitado, se le declarará la misma de oficio a su finalización.

De manera excepcional, las Administraciones Públicas de Navarra podrán autorizar la prolongación en aquellos supuestos en los que la adecuada prestación de los servicios públicos haga imprescindible la permanencia en el servicio activo de determinado personal, por un período determinado y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los setenta años de edad. Respecto del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, esta autorización de carácter extraordinario se realizará mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra.

La previsión contenida en este precepto conlleva la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Foral 10/2003, también relativo a la prolongación de la permanencia en el servicio activo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.

Pensiones de los Montepíos

El Decreto-Ley Foral incluye la actualización de las pensiones de las clases pasivas de sus Montepíos en un 0,25%, tomando como referencia el incremento que experimenten con carácter general ese año las pensiones públicas, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con estas previsiones, la pensión mínima de jubilación queda establecida en 636,10 euros, lo que supone una subida de 1,6 euros al mes.

Las pensiones mínimas de viudedad y de orfandad se sujetarán a la referencia establecida en la normativa vigente al salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 655,20 euros para 2016 (+1 %).

No serán objeto de actualización las pensiones ya reconocidas o que en el futuro se reconozcan y que, por si solas o sumándole el importe de otras pensiones públicas percibidas por el mismo beneficiario, superen la cuantía máxima establecida para las pensiones públicas.

La pensión mínima de jubilación sube 1,6 euros cada mes, hasta los 636,10 euros.

 

www.parlamentodenavarra.es
• Decreto Ley Foral (BOPN, nº 48, de 30-12-2015)