Noiz argitaratua Ostirala, 2016.eko Azaroak 18

El Parlamento recibe a la Comunidad de Paz, un colectivo colombiano que apuesta por la "No violencia"

Sus representantes se han reunido con la Presidenta del Parlamento y posteriormente con la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional

La Presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez Igarza, ha recibido hoy a los representantes del proyecto colectivo Comunidad de Paz de Colombia, Germán Graciano Posso y Julio César Guisao Hernández. A estos les ha acompañado la presidenta de Médicos del Mundo de Navarra, Yolanda Rodríguez Villegas.

 

Tras la reunión en presidencia, la comitiva ha mantenido una reunión con la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento, en la que han participado Mónica Doménech (G.P. UPN), Consuelo Satrustegi (G.P. Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (G.P. EH Bildu) y Fátima Andreo (G.P. Podemos-Ahal Dugu). 

La Comunidad de Paz es un proyecto colectivo que “resiste, propone y se rebela frente a la lógica de la guerra”, han explicado sus representantes, que han añadido que “la fórmula de Comunidad de Paz implicaba una radical apuesta por la ‘No violencia’”.


En dicha Comunidad, en San José de Apartado, en Colombia, todas las personas que forman parte de ella se comprometen a participar en los trabajos comunitarios, no llevar armas, no comerciar con los actores armados; no entregar información ni pedir ayuda a cualquiera de las partes en conflicto; no participar directa o indirectamente en la guerra; decir no a la injusticia e impunidad de los hechos.


En las distintas reuniones que se han mantenido, los representantes de esta comunidad han trasladado como la experiencia de la Comunidad de Paz de San José se ha ido extendiendo entre otras poblaciones acosadas por la guerra. Las continuas agresiones contra las comunidades de campesinos, afrodescendientes e indígenas han sido respondidas por las propias víctimas con formas de organización que les permite mantenerse en sus territorios sin verse envueltas en el conflicto armado.


En este sentido, y ante la falta de respuesta del Estado o “por su propia implicación en los ataques a las comunidades, éstas han emprendido procesos de resistencia civil frente a la guerra que cuentan con el respaldo de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos”. Precisamente este ha sido el objetivo de sendas reuniones, recibir el respaldo de la institución.


Ante el riesgo de ser desplazadas por los intereses de los grupos armados en su territorio (para explotar sus recursos, sembrar cultivos ilícitos o ejercer control territorial frente a los otros grupos) o con el objeto de retornar con garantías al lugar de donde fueron desalojados, las comunidades se han declarado al margen del conflicto adoptando distintos modos de organización (comunidades de paz, comunidades de autodeterminación, zonas humanitarias, etc.), pero con un elemento esencial común a todas ellas: su negativa a colaborar de ninguna forma con los combatientes tanto legales como ilegales.


Los portavoces Germán Graciano y Julio César Guisao, han explicado como San José de Apartadó y el resto de comunidades en resistencia se han convertido en un ejemplo “peligroso” para el Estado colombiano ya que ponen en riesgo uno de los pilares fundamentales de su política militarista: la implicación de todas y todos los colombianos en la lucha contra el terrorismo. Bajo esta lógica argumentación el Estado colombiano defiende los intereses de terratenientes y empresariado, frente a la defensa del territorio y de la vida de estas comunidades.  http://cdpsanjose.org/

 

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