Publicada el Martes, 15 de Mayo de 2018

Se insta al Gobierno del Estado a eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización en el cálculo de las pensiones

Se plantea una fuente complementaria de financiación a cargo de los PGE y se advierte del "nulo impacto" que la reducción de cotizaciones ha tenido en la creación de empleo

La Comisión de Derechos Sociales ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización contrarios al principio de suficiencia y al derecho a tener una pensión adecuada y actualizada recogidos en los artículos 50 y 41 de la CE”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, con la abstención de UPN y el voto en contra del PPN, se demanda al Ejecutivo de España “introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los PGE cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes”. El resto de formaciones han mantenido su apoyo.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Gobierno de España a “suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social”. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E han votado a favor y UPN y PPN en contra

 

Asimismo, con la abstención del PPN, se exhorta al Ejecutivo central a “perseguir el fraude laboral y potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo, intensificando las campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la contratación”.

 

Además, con el voto en contra del PPN, se compele al Gobierno de España a “modificar las infracciones y su régimen sancionador en el Texto Refundido para mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social”.

 

Por último, se conmina al Ejecutivo de Madrid a “eliminar el tope máximo de cotización a la Seguridad Social”. UPN y PSN se han abstenido y el PPN ha votado en contra.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por la A.P.F. Izquierda Ezkerra cuestiona las “devastadoras consecuencias que la gestión neoliberal de la crisis ha ocasionado en las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social” y advierte sobre la “progresiva pérdida de poder adquisitivo que, a raíz de las reformas de 2011 y 2013 (un 6% entre 2010 y 2018), padecen los pensionistas, en muchos casos abocados a sobrevivir con subsidios de entre 600 y 650 euros, inferiores al umbral que marca la exclusión social”.

 

Así, tras repasar las medidas “regresivas” que, coronadas por los nuevos mecanismos de revalorización (se desvincula del poder adquisitivo) y sostenibilidad (ajustará la pensión a de la esperanza de vida desde 2019), se han venido implementando con gobiernos de PSOE y PP, se plantea el establecimiento de una fuente complementaria de financiación “a cargo de los PGE, tal y como hacen 20 de los 28 países de la Unión Europea, también Navarra en el caso de los complementos de las pensiones mínimas”.

 

En ese contexto, se pone de relieve el “nulo impacto” que, según se desprende de los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo, ha tenido la reducción de las cotizaciones sociales en la creación de empleo. Y se subraya que “el déficit de la Seguridad social no responde a la recesión, sino a las políticas austericidas aplicadas”.