El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, la abstención de PSN y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que la Cámara “toma en consideración las sentencias del TEDH por las que se condena al Estado español por no investigar las denuncias de torturas y especialmente la última, conocida el pasado 13 de febrero, donde también se constata que hubo un “trato inhumano y degradante” a lgor Portu y Mattin Sarasola, durante el tiempo de su detención en régimen de incomunicación.

Por ello, según se precisa, se insta al Gobierno de España a “reconocer la práctica de la tortura y los malos tratos y a adoptar las medidas oportunas para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la tortura, estableciendo los mecanismos necesarios para la no repetición”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto, en el que, con los mismos apoyos, el Legislativo “denuncia los impedimentos que desde diferentes ámbitos del Estado se han puesto y se siguen poniendo para esclarecer este tipo de hechos, con el objetivo de seguir ocultando la realidad de la tortura y los malos tratos por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

En este sentido, el Parlamento “manifiesta su rechazo al recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno en Navarra a la convocatoria de ayudas a centros de investigación universitarios para documentar los casos de torturas a ciudadanos navarros”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, la Cámara “manifiesta la necesidad de documentar y sacar a la luz todos los casos de tortura padecidos por ciudadanos navarros, les muestra su solidaridad y reconoce el derecho de estas personas a la verdad, la justicia y la reparación. Por ello, insta al Gobierno de Navarra a seguir trabajando con este objetivo”. Este epígrafe ha prosperado con el respaldo adicional de PSN y los votos en contra de UPN y PPN.

UPN ha presentado una enmienda de sustitución, finalmente retirada, dirigida a “mostrar la preocupación de la Cámara por las sentencias del TEDH por las que se condena a España por no investigar adecuadamente las denuncias de torturas y malos tratos”.

A su vez, el texto de UPN exhortaba al Gobierno de España a “introducir a la mayor brevedad todas las mejoras normativas y prácticas para garantizar la observación rigurosa de lo previsto en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos, el Artículo 15 de la Constitución, la Convención Europea de Derechos Humanos y el resto de legislación europea y española relativa a la salvaguarda de los derechos de los detenidos. Estas mejoras habrán de incluir aquellas medidas anunciadas por el propio Gobierno en su respuesta de 25 de marzo de 2011 al informe del CEPT (grabación en soporte audiovisual de la permanencia en dependencias policiales de los detenidos en régimen de comunicación, reconocimiento por médicos adscritos al servicio público de salud, prohibición expresa de la aplicación del régimen de detención incomunicada a menores de edad, etc.). Asimismo, este Parlamento insta al Gobierno de España a que se adopten las medidas necesarias para una investigación rápida y rigurosa de todas las denuncias al respecto que se produzcan en nuestro país”.

La enmienda concluía con la “condena del Parlamento de Navarra de todos los casos de malos tratos que hayan podido cometerse en el marco de la lucha contra el terrorismo, la solidaridad de la Cámara con los afectados y sus familias y el reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, en el marco de investigaciones rigurosas, contrastadas e imparciales”.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, titulares de la iniciativa, habían mostrado su disposición a asumir los dos primeros puntos de la enmienda de UPN, pero el portavoz regionalista ha optado finalmente por su retirada, esgrimiendo para ello la postura adoptada por EH Bildu y Geroa Bai en el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar celebrado el día anterior.

Según ha explicado Iñaki Iriarte, “Geroa Bai se ausentó y EH Bildu votó en contra de una moción de condena de los atentados terroristas y en concreto del de su vecino Francisco Casanova, asesinado por ETA, en la que se pedía, además, colocar un crespón negro en su recuerdo el 11 de marzo”.

Koldo Martínez, por su parte, ha hecho constar que lo afirmado por el Parlamentario de UPN en relación a la actuación del concejal de Geroa Bai en Berriozar “es falso”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por G.P Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E aboga por “dar pasos efectivos para avanzar en la verdad y el reconocimiento de una práctica, sistemáticamente ocultada durante décadas”, que ha vuelto a emerger con motivo del último fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que “da por acreditado que dos ciudadanos navarros, Igor Portu y Mattin Sarasola –son ya cinco en los últimos años–, sufrieron trato inhumano y degradante” durante su detención por la Guardia Civil.

En ese contexto, se saludan los pasos emprendidos en los últimos meses y se pone en valor el informe del Instituto Vasco de Criminología sobre torturas y malos tratos a ciudadanos de la CAV en el periodo de 1960-2014, un trabajo obra del equipo del forense Paco Etxeberria que cuestiona la falta de adecuación de esa praxis a las exigencias propias de un Estado de Derecho.

A ese respecto, se censura la actitud de la Delegación del Gobierno en Navarra, que ha recurrido la convocatoria de ayudas para documentar las vulneraciones de derechos humanos provocadas por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha, aduciendo la “improcedencia” de dichos trabajos al hallarse recurrida la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

A decir de los proponentes, se trata de “una muestra más del interés de determinados poderes del Estado para que esta realidad no salga a la luz, a pesar de las múltiples interpelaciones y condenas recibidas por parte de organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Amnistía Internacional, la ONU o el TEDH, bien por no investigar la práctica de la tortura, bien por no establecer mecanismos para prevenirla”.

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación de la moción (BOPN, n.º 23, de 23-02-2018)