Decae una moción para instar al Gobierno de Navarra a defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas
Navarra Suma exigía la elaboración de un protocolo común de actuación entre los cuerpos policiales y la administración para hacer frente a las ocupaciones ilegales
La Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior ha rechazado hoy con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra y los votos a favor de Navarra Suma, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “impulsar las medidas necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas”.
Entre las medidas, se proponía, por un lado, “elaborar un Plan Foral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas y edificios públicos, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica”.
Otra medida sería “habilitar un número de teléfono de tarificación especial, de los llamados 900, que sea gratuito y donde se centralicen las reclamaciones sobre viviendas ocupadas y se pueda asesorar a los propietario”.
Se proponía asimismo “que las llamadas a dicho número de teléfono de tarificación especial pongan en contacto a quien llame con personal especializado que bien puede ser de la propia Dirección General de Interior o Vivienda, o de alguna empresa dependiente del Gobierno de Navarra y especializados en el sector, para orientar y realizar las gestiones necesarias para lograr el desalojo de la vivienda ocupada”.
La moción incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Ejecutivo Foral a “potenciar la coordinación y la cooperación institucional, así como la elaboración de un protocolo común de actuación, para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Foral de Navarra y las Policías Municipales, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas".
Por último, se exhortaba al Gobierno de Navarra a “instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas”.
Se proponía, en primer lugar, “agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho; habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos”.
Además, se planteaba “reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas; así como endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas”.
En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. Navarra Suma justifica su iniciativa en el “elevado crecimiento” que han experimentado las ocupaciones ilegales, un “fenómeno enormemente perjudicial que carece de solución justa y eficaz”, puesto que el ordenamiento jurídico, según se precisa, “es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad”.
El proponente distingue dos tipos de ocupaciones ilegales, por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que “perpetran las ocupaciones con una finalidad lucrativa aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad”; y por otro lado, las ocupaciones realizadas por “grupos antisistema”.
La resolución invoca el derecho a la propiedad privada, reconocido en la Constitución española y en el Código Civil, para exigir su protección y resalta los “procedimientos rápidos y eficaces” que disponen países como Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca para “devolver la propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario”, para advertir que en España “se han llevado a cabo modificaciones legislativas que van en dirección contraria a garantizar este derecho a la ciudadanía”.
A la sesión, presidida por Carlos Pérez-Nievas (G.P. Navarra Suma), han asistido, además, Alberto Bonilla, Ángel Ansa, Isabel Olave, José González, Elena Llorente, (G.P. Navarra Suma), Virginia Magdaleno, Arantza Biurrun, Inma Jurío (G.P. PSN), Blanca Regúlez, Jabi Arakama (G.P. Geroa Bai), Maiorga Ramírez, Laura Aznal (G.P. EH Bildu), Mikel Buil (A.P.F. Podemos-Ahal Dugu) y Marisa de Simón (G.P. Mixto Izquierda-Ezkerra).
• Publicación de la moción (BOPN, nº 27, de 26-02-2021)