Publicada el Mittwoch, 18 de Februar de 2015

La Comisión de Investigación reitera las peticiones de información no atendidas y pone de plazo el lunes

El informe jurídico señala que los miembros del Gobierno que formaban parte del Consejo de Administración de CAN no incumplen la legislación sobre incompatibilidades

La Comisión de Investigación constituida para esclarecer motivos y depurar responsabilidades en torno a la desaparición de la CAN se ha reunido hoy para avanzar en el diseño de un plan de trabajo al que, entre otros, se ha incorporado una nueva petición de información al Gobierno de Navarra (remisión de los estatutos de la Fundación Bancaria Caja Navarra), así como la adopción de un nuevo plazo para la recepción de toda la documentación no entregada, que deberá estar disponible para el lunes a las 10:00.


Además, los servicios jurídicos de la Cámara han hecho entrega del informe solicitado en torno a la Legislación y normativas de incompatibilidades aplicables a los miembros del Gobierno de Navarra entre 2000 y 2013, quedando la Comisión a la espera de la respuesta de la Cámara de Comptos en relación al encargo de un trabajo de Análisis, fiscalización y valoración del conjunto de las Cuentas de Caja Navarra y Banca Cívica.


La Comisión de Investigación ha recibido el informe que, a demanda de Bildu y Aralar-Nabai, se solicitó a los servicios jurídicos del Parlamento sobre las Legislaciones y normativas de incompatibilidades aplicables entre 2000 y 2013 a los miembros del Ejecutivo Foral que formaban parte del Consejo de Administración de Caja Navarra, en función de la consideración de esta entidad como pública o privada, dado que “la privacidad ha sido reiteradamente aducida para eludir responsabilidades y daciones en cuenta”.


Respecto a la naturaleza jurídica de la CAN, el informe concluye, sobre la base de otro acuñado por los propios servicios jurídicos de la Cámara el 13 de junio de 2013, que “no resultaría lógico postular la naturaleza pública de Caja Navarra manteniendo simultáneamente el carácter privado de otras muchas Cajas de Ahorro en las que la influencia pública interna y externa ha sido superior”.


En lo tocante al régimen legal de incompatibilidades, el informe se remite al dictamen evacuado por el Consejo de Navarra el 12 de abril de 2010 porque, aunque centrado exclusivamente en la figura del Presidente del Gobierno de Navarra, deja patente que la cuestión “no depende de la naturaleza pública o privada de la CAN, sino del régimen jurídico aplicable a dicha entidad, cuyos estatutos prevén la participación del Presidente en los órganos de Gobierno de Caja Navarra “con carácter nato, es decir, en razón de su cargo y mientras lo ocupe”.


En cuanto al resto de miembros del Gobierno de Navarra, cuyo concurso “no se contempla expresamente en los Estatutos” de la entidad, el informe de los servicios jurídicos de la Cámara precisa que su participación “obedecía a la designación del Presidente del Gobierno de Navarra, previéndose su cese (en los Estatutos), entre otras causas, por la pérdida de su condición de miembro del Ejecutivo”.


“Salvada esa diferencia”, el informe considera “extensible al resto de miembros del Gobierno la conclusión razonada a la que llega el Consejo de Navarra” en el referido dictamen, esto es, que “el Presidente del Gobierno no incumple la legislación sobre incompatibilidades al presidir los órganos de administración y dirección de la Caja de Ahorros de Navarra”.


Por otra parte, la Comisión queda a la espera de la respuesta de la Cámara de Comptos en relación a la solicitud de un trabajo de Análisis, fiscalización y valoración del conjunto de las Cuentas de Caja Navarra y Banca Cívica. Dicho quehacer, según se subrayaba en la petición tramitada la semana pasada a demanda de Bildu y Aralar-Nabai”, centrará sus conclusiones en “las razones que llevaron a la pérdida patrimonial de valor de la entidad desde el año 2001 hasta su fusión por absorción por CaixaBank a cambio de unos 157 millones en acciones. Además, deberá verificar si los estados contables reflejaban en cada momento fielmente la situación real”.


En otro orden de cosas, la Comisión de Investigación ha acordado reiterar las peticiones de información a los organismos e instituciones que no han hecho entrega de la documentación requerida, “con independencia de que se hayan acogido o no a la obligación legal de remitirla”. El nuevo plazo establecido para su recepción establece como fecha tope el lunes, día 23, a las 10:00. Quedan eximidos de esta reclamación la Audiencia Nacional y los órganos competentes del Estado y de las Comunidades Autónomas, de quienes se espera una próxima remisión de lo solicitado.


Finalmente, la Comisión ha acordado solicitar al Gobierno de Navarra la remisión de los Estatutos de la Fundación Bancaria Caja Navarra.


La Comisión ha establecido que la próxima reunión se celebrará el lunes 23 de febrero, a partir de las 12:30, a puerta cerrada.

 

De acuerdo con las normas aprobadas, el objeto de la Comisión será la investigación para determinar cuáles han sido las decisiones tomadas por los responsables, Consejo de Administración y Directivos de Caja de Ahorros y Monte de piedad de Navarra, que han llevado a la situación actual por la que la Comunidad Foral de Navarra ha perdido, de facto, su más importante y necesario instrumento financiero autóctono, así como determinar las responsabilidades políticas dimanadas de todo el proceso y los abusos cometidos.


La Comisión de Investigación que preside Sergio Sayas (G.P. UPN) está integrada, además, por Carlos García Adanero (G.P. UPN), Santos Cerdán, Juan José Lizarbe (G.P. Socialistas de Navarra), Maiorga Ramirez, Koldo Amezketa (G.P. Bildu), Patxi Zabaleta, Xabi Lasa (G.P. Aralar-Nabai), Ana Beltrán y Amaya Zarranz (G.P. PPN), Txema Mauleón, Marisa de Simón (G.P. Izquierda-Ezkerra) y Manu Ayerdi (no adscrito).